Parece mentira, pero conviene explicar alguna que otra obviedad para poder entendernos. Por ejemplo, el concepto de déficit público. En términos económicos el déficit público es la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos que registra una administración pública a lo largo de un periodo de tiempo. O dicho de otra forma, el déficit público se produce cuando una administración ha gastado más dinero del que ha ingresado.
Si se considera que el déficit es excesivo y que es conveniente reducirlo sólo existen tres posibilidades, una, reducir los gastos, otra, aumentar los ingresos y, por último, una tercera que sería la combinación de ambas. Pues bien, con estas ideas bien definidas analicemos lo que está ocurriendo en los últimos días. El gobierno español por iniciativa propia, por imposición de la UE o por imperativo práctico de política económico-financiera ha decidido reducir el déficit existente en las cuentas públicas. Para ello, parece que ha optado, a tenor de las últimas declaraciones del presidente de gobierno por la tercera vía, es decir, por reducir los gastos y aumentar los ingresos. Para reducir los gastos las partidas más directamente afectadas por el recorte han sido las retribuciones de los funcionarios, que se rebajarán en un 5%, y las pensiones, cuya cuantía será congelada el ejercicio que viene, mientras que para aumentar los ingresos se ha decidido, aunque aún no se ha explicitado la forma, en incrementar la imposición sobre las rentas más altas. Y aquí es donde se plantea el debate con la oposición, sobre todo, con su principal partido. Al Partido Popular le han saltado todas las alarmas porque, según manifiesta su secretaria general, María Dolores De Cospedal, “no tienen que ser siempre los más débiles los que paguen el despilfarro que durante estos años hemos vivido de las cuentas públicas” En cuanto a su consideración de que el sacrificio no lo sufran los “más débiles”, sólo cabe felicitarnos por su súbita conversión en la defensa de los más necesitados, aunque se echa en falta una concreción sobre qué partidas presupuestarias deberían, entonces, ser objeto de recorte. Pero si elogiable es la sensibilidad que la secretaria general del PP muestra con los menesterosos, hay que reconocer que no la tiene menor con las personas acaudaladas. En este sentido criticó con dureza que “se tengan que pagar con más impuestos el despilfarro y la incompetencia” del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Es mas, la señora De Cospedal es partidaria de rebajarlos y, sobre todo, a los empresarios emprendedores que crean los puestos de trabajo, argumenta, -me figuro que no estaría pensando en el jefe de todos ellos, el inefable Díaz Ferrán-. En fin, si no concretan las partidas de gasto a rebajar, si son partidarios de disminuir los ingresos y, en cualquier caso, hablan siempre del despilfarro, aunque sin especificar, sólo cabe deducir que lo que realmente desean es reducir el Estado despilfarrador o, para ser más exactos, privatizarlo. Estaríamos en presencia de la segunda gran privatización. En la primera, la derechona representada por el PP se quedó con las grandes empresas públicas del país situando en sus mandos a gente de su entera confianza. El íntimo amigo de pupitre, Juan Villalonga, en Telefónica, el que luego fuera fichaje estrella de Rajoy para los temas económicos, Manuel Pizarro, al frente de Endesa, un gran amigo de Aznar e hijo del que fuera último ministro de Exteriores de Franco, Alfonso Cortina, de presidente de Repsol YPF y, aunque no el último porque la lista es extensa, a Francisco González, que recientemente se embolsó la nada despreciable cantidad de 79,7 millones de euros por cumplir 65 años y se supone que por los servicios prestados, le encomendó Aznar la presidencia de Argentaria, que luego terminaría siendo el BBVA. Cómo diría de Cospedal, si no fuera ésta la pretensión del Partido Popular, que lo desmienta en público, con urgencia y alto y claro.
Si se considera que el déficit es excesivo y que es conveniente reducirlo sólo existen tres posibilidades, una, reducir los gastos, otra, aumentar los ingresos y, por último, una tercera que sería la combinación de ambas. Pues bien, con estas ideas bien definidas analicemos lo que está ocurriendo en los últimos días. El gobierno español por iniciativa propia, por imposición de la UE o por imperativo práctico de política económico-financiera ha decidido reducir el déficit existente en las cuentas públicas. Para ello, parece que ha optado, a tenor de las últimas declaraciones del presidente de gobierno por la tercera vía, es decir, por reducir los gastos y aumentar los ingresos. Para reducir los gastos las partidas más directamente afectadas por el recorte han sido las retribuciones de los funcionarios, que se rebajarán en un 5%, y las pensiones, cuya cuantía será congelada el ejercicio que viene, mientras que para aumentar los ingresos se ha decidido, aunque aún no se ha explicitado la forma, en incrementar la imposición sobre las rentas más altas. Y aquí es donde se plantea el debate con la oposición, sobre todo, con su principal partido. Al Partido Popular le han saltado todas las alarmas porque, según manifiesta su secretaria general, María Dolores De Cospedal, “no tienen que ser siempre los más débiles los que paguen el despilfarro que durante estos años hemos vivido de las cuentas públicas” En cuanto a su consideración de que el sacrificio no lo sufran los “más débiles”, sólo cabe felicitarnos por su súbita conversión en la defensa de los más necesitados, aunque se echa en falta una concreción sobre qué partidas presupuestarias deberían, entonces, ser objeto de recorte. Pero si elogiable es la sensibilidad que la secretaria general del PP muestra con los menesterosos, hay que reconocer que no la tiene menor con las personas acaudaladas. En este sentido criticó con dureza que “se tengan que pagar con más impuestos el despilfarro y la incompetencia” del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Es mas, la señora De Cospedal es partidaria de rebajarlos y, sobre todo, a los empresarios emprendedores que crean los puestos de trabajo, argumenta, -me figuro que no estaría pensando en el jefe de todos ellos, el inefable Díaz Ferrán-. En fin, si no concretan las partidas de gasto a rebajar, si son partidarios de disminuir los ingresos y, en cualquier caso, hablan siempre del despilfarro, aunque sin especificar, sólo cabe deducir que lo que realmente desean es reducir el Estado despilfarrador o, para ser más exactos, privatizarlo. Estaríamos en presencia de la segunda gran privatización. En la primera, la derechona representada por el PP se quedó con las grandes empresas públicas del país situando en sus mandos a gente de su entera confianza. El íntimo amigo de pupitre, Juan Villalonga, en Telefónica, el que luego fuera fichaje estrella de Rajoy para los temas económicos, Manuel Pizarro, al frente de Endesa, un gran amigo de Aznar e hijo del que fuera último ministro de Exteriores de Franco, Alfonso Cortina, de presidente de Repsol YPF y, aunque no el último porque la lista es extensa, a Francisco González, que recientemente se embolsó la nada despreciable cantidad de 79,7 millones de euros por cumplir 65 años y se supone que por los servicios prestados, le encomendó Aznar la presidencia de Argentaria, que luego terminaría siendo el BBVA. Cómo diría de Cospedal, si no fuera ésta la pretensión del Partido Popular, que lo desmienta en público, con urgencia y alto y claro.
